La empresa deberá readmitir a un sindicalista despedido por vulnerar sus derechos fundamentales
La sentencia condena a la empresa a indemnizar con 9.000 euros por los daños sufridos
El Juzgado de lo Social Nº5 de Santander ha declarado nulo el despido del sindicalista de GSW, Ismael Anievas ocurrido el pasado 15 de mayo tras repartir pasquines sindicales en la fábrica de Nueva Montaña. El titular del Juzgado, Magistrado D. Ramón Gimeno Lahoz, ha dictado una dura sentencia en la que condena a la empresa a la inmediata readmisión del trabajador, abono de los salarios dejados de percibir y una indemnización de 9.000 euros “para la reparación integra y contribuir a prevenir el daño”.
El magistrado, en una extensa y demoledora sentencia, llega a afirmar que GSW “no quería bajo ningún concepto la aparición de USO en la planta de Santander” para ello “avisó primero y sancionó después, de manera que no hubiera dudas: de forma inmediata y despidiendo al delegado sindical también”. Gimeno Lahoz califica de “voluntad represiva” la actuación empresarial y que lo que pretendía con el despido fulminante del sindicalista era “un aviso a navegantes” para evitar la constitución del sindicato. La sentencia puede ser recurrida en un plazo de 5 días.
Mercedes Martínez. Secretaria General USO Cantabria
La contundente sentencia que hoy presentamos a la opinión pública no es en absoluto una sorpresa para este sindicato. La gravedad de los hechos que acaecieron el pasado 15 de mayo en la planta cántabra de GSW hizo saltar las alarmas de este sindicato. El ataque a los derechos fundamentales fue de tal magnitud que pensamos que sólo con poner los datos en conocimiento del Gobierno de Cantabria y del Parlamento iba a ser suficiente para evitar acudir a la vía jurisdiccional. Pero no fue así. La secretaria general de USO Cantabria, se puso en contacto con la Vicepresidenta de Cantabria, y en aquel momento, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Eva Díaz Tezanos, a quien informamos de los despidos, de sus causas y recordándole que, sólo 1 mes antes, esta empresa había recibido un aval del propio Gobierno de 15,5 millones de euros para circulantes, es decir, para obtener liquidez. La vicepresidenta miró para otro lado.
Este sindicato visitó uno a uno los grupos políticos de la oposición en el Parlamento de Cantabria. Se les facilitó un dosier completo con pruebas irrefutables del atentado a los derechos fundamentales en una de las empresas más importantes de Cantabria, que se había financiado a través de los cántabros. Tanto Podemos como Partido Popular y Ciudadanos miraron para otro lado. También se pidió a las organizaciones sindicales CC.OO y UGT y SCAM (Sindicato Cántabro de Asalariados del Metal) apoyo para detener esta salvaje actuación empresarial, que por un lado tenía como efecto inmediato dejar sin trabajo a dos familias, y por el otro aterrorizar a 650 trabajadores con una “voluntad empresarial represiva”, como consta en la sentencia. Estos sindicatos miraron para otro lado. Ellos sabrán a qué intereses responden.
Esta situación nos hace llegar a la conclusión de que algo grave falla en Cantabria. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo autonómico, aun teniendo conocimiento detallado y expreso de la situación ocurrida semanas después de inyectar 15,5 millones de euros de dinero público, han movido un solo dedo para defender uno de los derechos fundamentales en que se asienta nuestra democracia. Miran para otro lado
Asistimos, una vez más, al chantaje de las grandes empresas, ávidas de recursos públicos, pero que campan a sus anchas porque nuestra clase política es torpe, pusilánime y fatua. Estos hechos ponen de manifiesto el paso atrás dado en nuestra autonomía, en nuestras instituciones, y es por ello que debe tener responsabilidades concretas e inmediatas. USO pide a la Vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, que asuma las responsabilidades políticas por su negligente actuación.
Pedro Ayllón. Secretario general estatal Industria USO
Para la Federación de Industria de USO (FI-USO) esta sentencia viene a ratificar las denuncias de vulneración de derechos fundamentales, como es el derecho a sindicarse libremente, que tanto en Barcelona como en Cantabria el grupo CELSA está transgrediendo.
Se mire por donde se mire es intolerable que en pleno S. XXI, por un lado haya grupos de empresas como CELSA que lleven a cabo este tipo de políticas antisindicales y por otro, que instituciones como la del Gobierno cántabro miren para otro lado cuando se recurre a él.
Por suerte el Poder Judicial, en su primera instancia en Cantabria, ha emitido una sentencia taxativa, que no deja lugar a dudas: declara “que la actuación de la empresa despidiendo al trabajador, constituye una vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical”.
Una vez conocidos, demostrados y sentenciados estos hechos, desde FI-USO exigimos al Grupo CELSA, que finalice de manera inmediata su política antisindical, esto es, que deje de perseguir, de acosar y de coaccionar a los representantes de USO, ya sean afiliados o delegados. Es evidente que existe una estrategia del Grupo CELSA para eliminar la representatividad de USO.
Por ello entendemos, que es fundamental que el Grupo CELSA, cese inmediatamente a la responsable de los despidos: Rosa María Castrillo Fernández,actual directora de RR.HH., exdirectora general de Empleo de Cantabria e inspectora de Trabajo entre los años 2004 y 2011. Difícilmente podrá volver a la carrera funcionarial después de esta sentencia.
También queremos apelar a que el Gobierno de Cantabria asuma su responsabilidad, vele por los intereses de todos los cántabros y fiscalice el dinero con el que se financia a las empresas con los impuestos de los ciudadanos.
Por otro lado, queremos agradecer el apoyo internacional recibido de IndustriALL Europe Trade Unión, en la persona de su secretario general, Luc Triangle,que en aquellos momentos expresó su “honda preocupación por los hechos que estaban sucediendo en el grupo CELSA, tras los despidos de dos trabajadores como consecuencia directa de ejercer funciones sindicales”.
Para finalizar, deseo felicitar al trabajador readmitido, Ismael Anievas, solidarizándome con él y su familia por el calvario por el que han atravesado durante estos meses en los que ha estado despedido.
Asimismo, también es una buena noticia para la plantilla de GSW que necesita una alternativa sindical nueva, sin hipotecas, que defienda de una manera honesta los derechos de los trabajadores.
Quedamos a la espera de la pronta resolución judicial del delegado sindical David Cipitria, también despedido de GSW por ejercer sus derechos sindicales.
