¿Podría presentarnos brevemente a la Federación de Industria de USO, siendo como es, una de las federaciones sectoriales más importantes de España?
La USO es un sindicato fundado en 1961 en la clandestinidad, con un carácter independiente y apolítico, siendo el tercer sindicato español en delegados y afiliados.
La Federación de Industria se constituyó en 2012 y engloba a más de 3000 empresas de los principales sectores de la industria: Automóvil, Siderurgia, Químicas, Energía, Agroalimentaria, TICs, Artes gráficas y Minería.
La F-IUSO forma parte de IndustriAll Europe, IndustriAll Global Union y EFFAT, tres federaciones internacionales de la industria.
Considerando los incidentes que se están produciendo en los aspectos sociales y económicos en todo el mundo y teniendo en cuenta los desarrollos políticos surgidos en el ámbito internacional, ¿podría resumir la situación actual del movimiento obrero?
El movimiento obrero se enfrenta hoy a un mundo cambiante, en todos los ámbitos, social, económico y laboral. Un mundo con muchas incertidumbres, extremadamente global e interconectado, donde las multinacionales te someten al chantaje de la competencia en costes, con otras áreas geográficas e incluso en el seno de la misma empresa. Pero en definitiva, independientemente del momento que nos ha tocado vivir, el movimiento obrero siempre ha tenido como único objetivo conseguir condiciones laborales y de vida mejores para los trabajadores. Esto que parece una obviedad, se hace muy difícil en áreas geográficas donde el respeto a los derechos sociales y laborales son prácticamente inexistentes y donde las más importantes multinacionales invierten por sus bajos costes laborales y la falta de una legislación medio-ambiental.
Según un nuevo informe de la OIT, el principal problema de los mercados de trabajo en el mundo es el empleo de mala calidad. Millones de personas se ven obligadas a aceptar condiciones de trabajo deficientes. La gran paradoja hoy, es que tener empleo no siempre garantiza condiciones de vida dignas.
En su perspectiva, ¿cómo afectarán las tendencias como la digitalización y la Industria 4.0 a los empleos y la vida social en un futuro cercano, ya que son los temas más destacados discutidos por los sindicatos de la industria? Como sindicalistas, considerando el mundo del trabajo en particular, ¿cómo deberíamos comprender las tendencias actuales de digitalización en todos los ámbitos de la vida?
La transformación tecnológica que supone la digitalización y la transición hacia la industria 4.0 tendrá un fuerte impacto en las relaciones laborales de las próximas décadas, todo el entorno del mundo laboral, desde las normativas jurídicas a la educación. Debe existir una alianza entre la empresa y las instituciones educativas para responder a las crecientes demandas de nuevos perfiles profesionales.
Entre los aspectos positivos que se vislumbran con la digitalización es la extensión del teletrabajo para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, pero será labor de los representantes de los trabajadores proponer clausulas para proteger a los empleados cuyas funciones desaparezcan por la automatización de tareas.
Será necesario un sindicato 4.0 que pueda dar respuesta a los intensos cambios relacionados con esta cuarta revolución industrial, ya que se dice que aproximadamente, un 75% de los oficios y las profesiones futuras aún no existen y estarán relacionadas con los sistemas informáticos, la gestión de datos y sistemas robóticos entre otros.
En su opinión, ¿en qué medida la clase trabajadora en Europa puede beneficiarse de los resultados que se han obtenido a través del modelo social europeo?
En mi opinión el modelo social europeo constituido por una serie de políticas sociales dirigidas a promover el crecimiento económico, un alto nivel de vida y condiciones de trabajo decentes, desempeñó un papel fundamental en la configuración de la sociedad europea de la posguerra.
La importancia de estas políticas fue claramente demostrada en la primera fase de la crisis, cuando factores como la protección social permitieron amortiguar el impacto social de la crisis en términos de crecimiento, desempleo y pobreza.
Pero a partir de 2010, la preocupación creciente sobre los niveles de deuda soberana y el déficit fiscal, ocasionó que muchos países introdujeran políticas de consolidación fiscal, con importantes recortes del gasto público. Estos cambios han suscitado inquietud entre los ciudadanos y los trabajadores de Europa, ya que en algunos países los elementos fundamentales del modelo social europeo fueron transformados de manera radical, y algunas veces han sido desmantelados, aún cuando no eran la causa de la crisis o de los déficits presupuestarios.
Por tanto, está en cuestión el actual modelo social europeo, por su desigualdad territorial y una falta de confianza de los trabajadores en general.
¿Cuál es su opinión sobre la Conferencia Permanente de los Sindicatos de la Industria del metal de la zona Euro-Mediterránea en términos de su funcionamiento y su evolución para el próximo período?
Desde el principio fui un fiel convencido de la necesidad de una Conferencia Euro-Med de la Industria del Metal, creo que se ha hecho un muy buen trabajo poniendo en común información, objetivos y estrategias. Los sindicatos del Metal de los Países del Mediterráneo hemos conseguido fortalecer nuestros lazos, organizativos y personales, en aras de ser un interlocutor válido ante los Gobiernos, Unión Europea e industriAll.
Turk Metal es un sindicato amigo, miembro ya de industriAll European Trade Union con el cual vamos a seguir implementando muchos proyectos en común, por tanto la evolución de la Conferencia en el futuro estoy seguro que será muy exitosa.
La Federación de Industria de USO, a la cual represento seguirá trabajando con los sindicatos del Metal del Mediterráneo para conseguir resultados positivos para los trabajadores a los cuales representamos.
Sobre COVID-19. Por lo que sabemos, España es uno de los países más afectados del mundo. ¿Puede hacer un resumen sobre lo que ha pasado durante ese período?
Al principio, la detección del problema por parte del gobierno y el supuesto de que efectivamente existía un problema no fueron actos coetáneos, por lo que muchas de las medidas tomadas llegaron tarde.
La falta de material médico y pruebas diagnósticas era un hecho no solo en España sino en el resto de la UE.
Sistema sanitario arcaico y deficitario, provocando un importante colapso hospitalario.
Falta de cooperación entre las administraciones central y local. Las competencias se transfieren del gobierno central a los diferentes predios locales (CCAA) y la toma de decisiones no ha sido homogénea. (Excepto durante el período de estado de alarma nacional, donde un grupo de profesionales de la gestión actuó como un solo mando).
Fuerte presión de la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) y del IBEX 35.
Improvisación de medidas legislativas económicas y laborales para mitigar los efectos en las distintas empresas y sectores.
Trato desigual en los denominados «sectores esenciales»
Incremento exponencial del teletrabajo (del 5% al 35%)
Mejora en las condiciones del ERTE (Expediente de Ordenación del Trabajo Temporal) (RD 8/2020) que actualmente se encuentran prorrogados hasta el 30 de septiembre de 2020 y
en negociación en la mesa de diálogo social para prorrogarlo hasta el 31 de diciembre de 2020 o de forma permanente en aquellas empresas que el la necesidad está probada.
▪ El plazo de consulta se reduce a 7 días.
▪ Los trabajadores no consumen la prestación por desempleo; por tanto, se restablece el período de desempleo consumido.
▪ Se exonera a las empresas del pago de cotizaciones a la Seguridad Social (los porcentajes varían por empresa, tamaño y actividad).
- Avalancha de ERTE’s (más de 4.000.000 de trabajadores afectados). • Colapso del Servicio Público de Empleo del Estado (SEPE) y atraso en el pago de prestaciones, además el cálculo no consideró la situación personal de cada trabajador.
- Con la situación “bajo control” el reinicio de la actividad económica y productiva fue lento y paulatino. Sectores severamente afectados, principalmente industrial y de servicios.
- Temor que muchos de estos ERTE se conviertan en ERE (Expediente de reglamento de despido) y por tanto, destrucción de puestos de trabajo.
La detección del problema y la asunción por parte del gobierno de que efectivamente había un problema, no fueron actos coetáneos, por tanto, muchas de las medidas llegaron tarde.
La crisis del COVID-19 también ha afectado a la economía. ¿Cómo se reflejó esto en sus miembros? ¿Qué tipo de medidas ha tomado su sindicato?
En principio no ha tenido un impacto interno reseñable, pero estamos a la expectativa de la evolución de la situación industrial y las consecuencias que pueda tener en el empleo. Si en los próximos meses asistimos a una proliferación de ERE en las empresas y sectores industriales, evidentemente llevará aparejado una pérdida afiliativa considerable. Entre las medidas que hemos adoptado:
▪ Cierre de sedes desde la publicación en el BOE de la declaración de estado de alarma (14 de marzo).
▪ En la FI-USO aplicación de flexibilidad interna y teletrabajo para evitar medidas coyunturales o ERTE.
▪ Paralización de los procesos electorales en todos los territorios. Medida consensuada por el conjunto de las organizaciones sindicales.
▪ Fidelización de nuestra afiliación a través de información en tiempo real tanto de la evolución de la crisis sanitaria como de las medidas para paliar sus efectos en el ámbito laboral. Comunicación permanente (grupos de difusión, WhatsApp, correo electrónico, infografías)
▪ Reuniones telemáticas con las Secciones Sindicales para realizar diagnósticos de situación y propuestas de actuación.
▪ Asesoría jurídica y laboral permanente.
Hasta donde hemos escuchado, a diferencia de otros gobiernos de la UE, el gobierno español ha procurado una subsistencia mínima para quienes perdieron su trabajo. ¿Crees que fue suficiente? ¿Cuáles son vuestras peticiones y las de otros sindicatos al gobierno?
Se creó el ingreso mínimo vital (IMV), con grandes dificultades en sede parlamentaria, para familias que debían cumplir ciertos requisitos:
▪ Tener entre 23 y 65 años, o 18 si hay menores a cargo.
▪ Cumplir un año de residencia legal en España.
▪ Haber vivido independientemente al menos 1 años en el caso de familias y 3 años en el caso de personas solas.
▪ En el caso de unidades de convivencias, haberse formado al menos 1 años antes de la solicitud.
▪ Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho ▪ Estar inscritas como demandantes de empleo.
Pero, sobre todo, el acceso al IMV dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Cualquier persona con unos ingresos inferiores a la renta garantizada por el IMV y un patrimonio menor al máximo establecido, podrá ser beneficiario del IMV.
(Según datos que he obtenido de la web a finales de agosto). Actualmente, este sistema parece que no está funcionando como debería. De las 714.000 solicitudes presentadas, solo se han resuelto 32.629 (4.148 de manera positiva y 28.841 han sido rechazadas), además de las 75.000 reconocidas de oficio a los perceptores de la prestación familiar. Pero lo peor de todo es que no se tiene constancia de que nadie lo haya cobrado aún.
Se han visto beneficiadas por esta medida. Y tampoco sabemos si esta medida puede permanecer en el tiempo por dos motivos fundamentales: porque se está trabajando para reducir los requisitos de acceso al IMV y, por tanto, a los problemas de tesorería y/o presupuestarios a los que habría que hacer frente.
Desde FI-USO hemos mantenido durante todo este tiempo un fuerte carácter reivindicativo, solicitando varias modificaciones legislativas al Gobierno (Ministerio de Trabajo y de Hacienda):
o Modificación art. 51 ET.
Desde FI-USO hemos solicitado derogar el art. 51 del ET y devolver las competencias a la AL para la autorización y aprobación administrativa en el caso de los despidos colectivos. Estratégicamente lo hemos registrado en medio del conflicto de NISSAN, pero millones de trabajadores se pueden ver beneficiadas por esta medida.
Permiso retribuido por defunción durante el estado de alarma
Dado que las restricciones de movilidad entre provincias y CCAA se está levantando, muchos familiares fallecidos a causa de la COVID19 van a celebrar las ceremonias de despedida que no pudieron llevar acabo durante el estado de alarma, por lo que los
trabajadores están comenzado a solicitar este permiso con la peculiaridad de que el hecho causante no se ha producido de manera inmediata previa a la solicitud.
Tras varias consultas al respecto, se ha realizado un escrito tipo para solicitar el permiso retribuido por fallecimiento y también se ha registrado un escrito en el Ministerio de Trabajo para que regule la excepcionalidad del disfrute en estas circunstancias en las que, desde la defunción hasta la ceremonia han podido transcurrir meses.
o Doble pagador ERTE
Hasta ingresos de 22.000 euros no es obligatorio declarar, pero siempre que haya un único pagador. Cuando hay dos pagadores la cifra se reduce hasta los 14.000 euros. USO ha registrado ante el Ministerio de Hacienda que el pago del SEPE no compute como segundo pagador (CSIF ha pedido mantener la cantidad en los 22.000, para nosotros insuficiente). Ej: Un trabajador que gane un salario bruto de 23.646 euros y haya cobrado paro de marzo a junio a través del SEPE, le saldrá a pagar a Hacienda en la declaración 1.322 euros, más que un sueldo de 90.000 euros. *Se puede pactar con las empresas incrementar la retención hasta diciembre para evitarlo.
Parece inevitable que la pandemia de COVID-19 afecte de alguna manera al sistema capitalista global. Existe una opinión generalizada de que «nada volverá a ser como antes». Desde su punto de vista, ¿qué deberían hacer los sindicatos para revertir esta transformación por el bien de la clase trabajadora?
Que nada volverá a ser como antes parece evidente y asumido por todos. Pero para poder amortiguar los efectos de esta pandemia y de su impacto en la economía y en el sistema productivo de nuestro país, debemos acometer cambios estructurales que deben traducirse en modificaciones legislativas de carácter urgente y en Pactos de Estado que gocen del consenso necesario entre todos los agentes sociales, sin exclusiones.
Desde el punto de vista de FI-USO, estas serían las cuatro prioridades para adaptarnos a las nuevas realidades económicas y socio laborales en nuestro país:
Pacto de Estado en Defensa de la Industria: Cada día se hace más necesario un Pacto de Estado que defienda los sectores tradiciones y a la vez estratégicos de nuestro país. Sectores como el de automoción, el aeronáutico o el siderúrgico ya venían arrastrando grandes problemas derivado de la transición ecológica, el cambio climático y la situación energética en España y en el resto de la UE, pero el COVID y la crisis sanitaria ha agudizado más si cabe una problemática que requiere del mayor consenso posible para proteger las empresas y sectores industriales que eviten una destrucción de empleo masiva.
o Reforma Laboral: Sin entrar en el debate de si hay que derogarla o no, personalmente considero que sería un error, sí debemos modificar los elementos más lesivos entre los que se encuentran:
- Ultractividad, prórroga automática y contractualización de las relaciones laborales. • Prioridad aplicativa de los Convenios Colectivos. Prevalencia del convenio sectorial. Modificación del art. 81.
- Recuperación de la autorización administrativa por la autoridad laboral en los despidos colectivos. Modificación del art. 51 ET.
- Subcontratación. Modificación del art. 42 ET.
- Descuelgues salariales. Modificación del art.
Teletrabajo: es un concepto que ha venido para quedarse y, por tanto, debe estar mejor regulado. Durante el estado de alarma la práctica del teletrabajo en las empresas ha pasado de un 5% al 35% actual. Desde FI-USO llevamos tiempo queriendo incorporar esta realidad al articulado de los Convenios Colectivos, pero siempre nos encontramos con el freno de las empresas y patronales. Es el momento de un desarrollo integral del teletrabajo bajo un objetivo fundamental: que las organizaciones sindicales y el conjunto de los trabajadores no pierdan derechos.
Pymes y Autónomos: Suponen el 90% de la economía de nuestro país y sin embargo han sido los grandes damnificados de esta crisis, los que menos ayudas han recibido durante la gestión de ésta y los que tienen mayor incertidumbre respecto al futuro. Es imprescindible legislar a favor del motor industrial, productivo, económico y laboral de nuestro país.
Entradas relacionadas
-
9 diciembre, 2022Entrevista de Pedro Ayllón en la Tribuna de la Automoción.
