Cerca de dos centenares de representantes de USO se han concentrado frente al Gobierno regional para reclamar al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que se implique en este asunto porque “su Gobierno acaba de dar a GSW un aval de 13,2 millones de euros para gasto corriente y este dinero se ha utilizado para despedir a trabajadores que realizaban actividades sindicales”.
El secretario general de la Federación Estatal de Industria de USO, Pedro Ayllón, que fue el portavoz de la organización en la concentración, dijo que “resulta inadmisible que esto suceda en la Unión Europea y que lo permita el Gobierno regional”. Ayllón apuntó que “el Gobierno no puede mirar para otro lado mientras se atacan gravemente los derechos fundamentales de los trabajadores delante de sus propias narices”
El líder de la Federación de Industria Estatal anunció a los medios presente en la concentración que el sindicato USO ha llevado a los tribunales a la fábrica GSW, situada en Nueva Montaña y perteneciente al Grupo Celsa, por el despido de dos trabajadores y afiliados al sindicato porque lo que, a su juicio, es un “claro caso” de “política antisindical”.
De hecho, ha indicado que ya se ha fijado para el próximo 14 de junio un acto de conciliación, en el que espera que se alcance un acuerdo y se logre que GSW dé marcha atrás en ambos despidos, pero ha señalado que, de no ser así, “iremos a juicio para ganarlo”.
Con respecto al aval recibido por GSW a cargo del Gobierno de Cantabria, Ayllón dijo que “cuando se da un aval de estas características tiene que haber una cláusula social en el que, efectivamente, no haya despidos”
Destacó que en el Grupo Celsa “no ha habido despidos en una década” lo que, en su opinión, demuestra que los dos realizados en la fábrica de GSW se deben a una “política antisindical” y de “represión”.
Y es que los dos trabajadores despedidos se habían constituido en sección sindical de USO en la empresa 48 horas antes de ser despedido. Ayllón tuvo palabras hacía el comité de empresa, formado por UGT y CC.OO, a quienes ha criticado por “no sumarse a las movilizaciones”, y el objetivo ha sido “callar a todos aquellos trabajadores que dicen cosas diferentes” y “que no le interesan” a la empresa.
Según ha dicho, el despido se ha realizado “sin ninguna causa objetiva y solo por el mero hecho de ser sindicalistas de USO” ya que los dos trabajadores tienen “un expediente laboral inmaculado”. “Esto es una clara agresión a los derechos de los trabajadores”, ha denunciado, y por ello ha pedido al Gobierno que se involucre y trate de que se readmita a esos dos trabajadores.
