El pasado viernes 21 de Abril de 2017, una delegación compuesta por Raúl Montoya, Secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de la FI-USO, Juan Jorge Estrada, Secretario General de la FI-USO de Asturias e Iván García (FI-USO Asturias) representante sindical de la empresa Minersa e impulsor de la demanda, nos hemos reunido en la Dirección General de la Seguridad Social con María Teresa Quílez Félez, Subdirectora General de Planificación y Análisis Económico Financiero de la Seguridad Social, tras la solicitud registrada por parte de nuestra Federación el pasado 24 de Enero.
El objeto de la reunión es aclarar los diferentes criterios que viene utilizando la Administración para el cálculo de la edad de jubilación de los trabajadores afectados por coeficientes reductores, en base al artículo 205 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de Octubre, y que bajo nuestro punto de vista se está aplicando mal.
Los trabajadores y trabajadoras de las subcontratas de la minería del carbón, así como los de la minería metálica como por ejemplo Minersa, Iberpotash, Matsa, Orovalle, etc… están siendo seriamente afectados por un vacío legal producido por la modificación legislativa del 2013 respecto a los requisitos para acceder a la jubilación.
Tras la reforma, todos aquellos que no tengan los años reales cotizados que se exigen para poder acceder a la jubilación a los 65 años, deberán prolongar el período transitorio hasta que se llegue a los 67 años. Por un lado, dejan de computar el coeficiente como tiempo cotizado a efectos de edad de jubilación y por otro, debemos trabajar el período que corresponde, pero sin aplicarnos el coeficiente reductor, cosa que desde la Federación de Industria de USO consideramos completamente injusto.
En palabras de Iván García “la solución pasa por dos vías: o el coeficiente reductor computa como tiempo cotizado igual que para el cálculo de la pensión y coo se venía aplicando anteriormente a la reforma, o el período transitorio debe generar coeficiente”.
La Subdirectora General, se comprometió a estudiar la situación, a verificar si existe ese vacío legal y a enviar informe al INSS, donde estaremos informados de la situación en todo momento.
Para Raúl Montoya “la Federación de Industria de USO da un paso más para eliminar cualquier tipo de discriminación que se produzca en un colectivo que parece no ser tenido en cuenta a la hora de legislar. En este sentido, esperamos una resolución favorable por parte de la Administración”