Desde la F.I.-USO queremos manifestar nuestro más profundo rechazo al cierre de Garoña, que va a generar que más de 500 trabajadores se queden sin su puesto de trabajo, en una zona donde el tejido industrial alternativo es inexistente, siendo así mismo muy negativa la repercusión económica para la zona.
El no tener una estrategia de largo recorrido respecto al modelo energético nacional tanto por los Gobiernos de PP como de PSOE, y el que se tome una decisión de este calado, que lógicamente afecta a personas, más en base al juego político que a una decisión meditada que tenga en cuenta todas las repercusiones de la misma, nos parece un auténtico despropósito.
Una decisión de estas características debería llevar asociado un plan concreto, de alternativa industrial en la zona, que dé continuidad a la economía de los municipios afectados. Es evidente que lo menos importante para el Gobierno y para los distintos partidos políticos que celebran esta decisión son los trabajadores y sus familias.
Una vez más como pasó en Zorita, los trabajadores, los ciudadanos, los municipios se quedan sin resolver su futuro, dado que no existe ninguna solución industrial que más allá del debate sobre el modelo energético de continuidad de vida a las familias y a los pueblos afectados. ¿Estas decisiones se soportan en una estrategia concreta respecto al modelo energético que tenga en cuenta a una parte importante como son los trabajadores y los ciudadanos de los municipios afectados? Es evidente que no.
Por tanto, desde la F.I.- USO mostramos nuestra disconformidad tanto en las formas como en el fondo. En las formas porque se ha utilizado a Garoña para el tacticismo del Gobierno y de los partidos políticos, como siempre más en clave electoral que en la idea de buscar la mejor solución dentro de una estrategia energética coherente. ¿Qué papel ha jugado el CSN que avalaba la reapertura hasta 2031?
Por todo ello la F.I.-USO y la sección sindical de USO Nuclenor en Santa María de Garoña exigimos a Nuclenor, al Ministerio de Energía y a la Junta de Castilla y León reconsideren el cierre y abran una mesa con los sindicatos presentes en la empresa para buscar una solución para los trabajadores y sus familias, así como para consolidar con proyectos industriales reales y creíbles el futuro de los municipios afectados.
