La Audiencia Nacional ha notificado, con fecha 3 de Julio de 2014, la sentencia sobre la legalidad de los traslados y recolocaciones en Coca Cola sobre el juicio celebrado el pasado 24 de Junio.
La Audiencia DESESTIMA las demandas presentadas por CCOO y UGT a la que se adhirió CSI-F asumiendo las alegaciones de USO, Ministerio fiscal y empresa, sobre la existencia de litispendencia al estar pendiente de resolución por recurso al Tribunal Supremo la anterior sentencia de la misma Audiencia Nacional.
Al margen de la litispendencia, la Audiencia Nacional desestima la demanda por entender que los trabajadores aceptaron individualizada y voluntariamente las recolocaciones ofrecidas por la empresa, y lo hicieron como alternativa a los despedidos como ha venido defendiendo la representación de USO. Dice la Audiencia Nacional que la consecuencia inexorable de no haberse acogido los trabajadores voluntaria e individualmente a las recolocaciones, habrían sido despedidos con una indemnización de 33 días por año de servicio con un tope de 24 mensualidades.
Considera la Audiencia Nacional que al margen de la litispendencia, la consecuencia jurídica de las demandas sobre recolocaciones sería obligatoriamente la desestimación de la demanda por falta de acción al no poderse resolver la controversia por demanda de impugnación y deber de acudir al procedimiento de conflicto colectivo contra decisión empresarial de carácter colectivo, circunstancia que tampoco sería posible al ser acciones personales y voluntarias por lo que el procedimiento correcto sería Demanda Individual de cada trabajador.
La FI-USO seguirá trabajando y defendiendo para que se respete la libre voluntad de la plantilla de CCIP, en especial, la decisión de los trabajadores que optaron por una de las opciones ofertadas por la empresa, prejubilaciones, bajas indemnizadas y recolocaciones para el mantenimiento de su empleo.
La Federación de Industria de la USO considera necesario el retomar el diálogo entre empresa y sindicatos en la búsqueda de una salida acordada que ponga fin a la judialización de la reestructuración de CCIP en las mejores condiciones posibles para el conjunto de los trabajadores y a la vez resolver problemas puntuales de «encaje salarial» del personal trasladado.
