El borrador del Estatuto del CEI, no cumple con las exigencias y reivindicaciones planteadas por el sector, ni por parte de las empresas y patronales, ni de los trabajadores y sindicatos. Dotar únicamente con 262 millones de euros (172 CO2 + 90 renovables) a este nuevo proyecto, no solo es insuficiente, sino que tampoco cumple los compromisos adquiridos por parte del Gobierno de reducir el precio por MW considerablemente.
Alu Ibérica (Avilés y A Coruña), Alcoa (San Ciprian), Acerinox, Arcerlor, Grupo Celsa, Ferroglobe, Sidenor, Asturiana del Zinc, la Industria Química, la Papelera, las Cementeras y todas y cada una de las empresas que componen la Industria Electrointensiva lo que necesitan realmente es situar el precio en una horquilla de entre 35 – 40 euros MW.
Quizá, ahora sí, este Estatuto reúne los requisitos exigidos por la Comisión Europea y la CNMC (Comisión Nacional del Mercado para la Competencia), pero no garantiza un marco jurídico estable y tampoco permite competir a la industria electrointensiva en igualdad de condiciones que el resto de los países de nuestro entorno.
La actividad industrial y productiva de nuestro país y en este caso de la industria dependiente de los costes energéticos, necesita abaratar la factura de la luz, no declaraciones de buenas intenciones, solo de ese modo podremos conseguir el principal objetivo: garantizar la competitividad industrial como máxima garantía de empleo estable y de calidad.
