El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha aprobado la orden que modifica el sistema de interrumpibilidad, convocando a una nueva subasta eléctrica, donde la novedad más importante será el período de aplicación de la misma, ya que, el período de entrega para el procedimiento de subastas será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo del 2018.
Según el calendario publicado en una resolución el pasado mes de octubre, la subasta de interrumpibilidad de este año se celebrará entre los próximos 18 y 22 de diciembre, en Valladolid. En las pujas, los grandes consumidores de electricidad lanzarán ofertas por entre 6 y 10 bloques de 90 megavatios, que suman entre 540 y 900 MW, y por entre 340 y 412 bloques de 5 MW, que suman entre 1.700 y 2.060 MW. Según el texto, el precio de salida para cada megavatio del bloque de 5 MW será de 150.000 euros, frente a los 270.000 euros por cada megavatio del bloque de 90MW.
En ambos casos, supone una rebaja respecto a la subasta del año precedente, cuando el precio de salida en el bloque de 5 MW fue de 160.000 euros y el de 90 MW, de 310.000 euros.
A la espera de conocer cómo quedará el reparto, debemos recordar que hay un gran número de empresas con una dependencia importante del resultado de dicha subasta, como son: Alcoa, Asturiana del Zinc, Arcelor, Ferroatlántica o Grupo Celsa. Estas cinco empresas el año pasado obtuvieron 10 bloques de 90 MW por lo que, si la Administración decide subastar un número inferior, podría suponer un riesgo innecesario.
Por lo tanto, parece que este año la tónica general son “las rebajas”, tanto en la vigencia, recordemos que solo durará 5 meses, como en el precio de salida por megavatio.
Desde la Federación de Industria de USO, llevamos reclamando mucho tiempo una subasta eléctrica de duración superior al año, de un mínimo de tres años, con lo que se daría mayor seguridad jurídica y se facilitará la realización de inversiones con el objetivo de ganar competitividad y estabilidad en el empleo.
Además, le solicitamos al Ministerio abaratar el coste de la tarifa energética para las empresas electrointensivas para eliminar así el diferencial de coste que en algunos casos es superior al 30%, y revindicamos un trato fiscal especial. Con la combinación de ambas reivindicaciones, la industria española podría competir en igualdad de condiciones que los países de nuestro entorno.
