El 13 de diciembre de 2016, la Federación de Industria de USO representada por el Coordinador de la Federación, Marcos Ruiz González en el Club Financiero Génova de la calle Marqués de Ensenada 14-15 de Madrid, ha asistido a la Mesa Redonda Fundación ONCE-EL SIGLO para el debate de un nuevo marco laboral para las personas con discapacidad.
Dicha Mesa ha estado representada por:
Inmaculada Sánchez (Directora de El Siglo).
José Luis Martínez Donoso (Director general de Fundación ONCE).
Sabina Lobato (Directora de Empleo y Formación de la Fundación ONCE).
Ignacio Tremiño (PP).
Joan Ruiz (PSC-PSOE).
Nagua Alba (Podemos).
Sergio del Campo (Ciudadanos).
El debate a tratar ha e
stado dirigido a comunicar a los grupos políticos la necesidad de la inclusión social total (no sólo el laboral) de esta parte de la sociedad más vulnerable, aunque ha sido inevitable que la mayor parte del debate se haya trasladado al marco laboral de las personas con discapacidad y la defensas de sus derechos.
Otras peticiones de la Fundación ONCE han sido:
Que se estudie un reparto más acorde con las necesidades y demandas de las CCAA de los fondos europeos para emprendedores. Mientras algunas CCAA como Madrid, tienen demandas muy por encima de los fondos destinados a estas comunidades, otras no gastan prácticamente nada.
Se ha propuesto el reto de aumentar la empleabilidad de este colectivo un 10%.
El acceso a » Sistema de Garantía Juvenil » sea más fácil, menos engorroso.
Como datos llamativos han salido que sólo el 38% de los discapacitados son activos laboralmente.
Sólo el 4,4% de las personas en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) son personas con discapacidad.
Las personas con minusvalía cobran un 16% menos que los trabajadores sin minusvalías.
Además Fundación ONCE recuerda que todos los años son auditadas tanto sus iniciativas como el número de contrataciones de minusválidos (donde no cuentan las contrataciones que no superan una duración determinada).
Joan Ruiz (PSC) en su exposición ha comentado que no se puede renunciar ni a los derechos de este colectivo ni a lo que nos pueden ofrecer y que hay que cambiar la legislación para que su inclusión sea más fácil. Además de hablar sobre el empleo protegido, el estudio de aumentar la cuota de los puestos de reserva, la falta de información para las personas con minusvalías sobrevenidas y conseguir algo más para aquellas personas con minusvalía del 33%.
Por Nagua Alba (Podemos), su exposición ha ido encaminada a la derogación de la reforma laboral ya que esta afecta a los colectivos más vulnerables, piden a los organismos oficiales que persigan los incumplimientos de los cupos, la precariedad laboral que sufre este colectivo, y que se tenga en cuenta el IDH de Naciones Unidas (Índice de Desarrollo Humano).
Sergio del Campo (Ciudadanos) ha comentado que se debe aumentar el número de inspectores para que se persiga el cupo aunque parece que a algunas empresas les merece la pena pagar la multa a cumplir la ley en este sentido. Por eso comentan que debería revisarse la ley en este punto.
También Sergio del Campo ha comentado que Ciudadanos ha presentado una iniciativa en este ámbito que nos podía hacer llegar a todos los presentes. FI-USO ha facilitado su contacto para que nos la hagan llegar y poder estudiarla.
Ignacio Tremiño (PP), ha iniciado su exposición agradeciendo la unión que existe en el ámbito político para mejorar el ámbito laboral y social de las personas con discapacidad. No obstante, recomienda que no se derogue la reforma laboral del 2012 ya que precisamente en este ámbito, dicha reforma protege más que la que realizó el anterior gobierno a las personas discapacitadas. Para apoyar este hecho ha expuesto que en 2011 el número de empleados discapacitados era de 1 entre 10 mientras que hoy en día es de 1 entre 4 pasando de un 90% a un 75%. El crecimiento de un 19% en el empleo de discapacitados en los últimos cuatro años es algo de lo que este país debe sentirse orgulloso siendo copiado su modelo por otros países en Europa.
La prohibición de que los organismos oficiales no puedan contratar con aquellas empresas que hayan sido sancionadas por el incumplimiento del 2% del cupo de Integración Social de Minusválidos (artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril).
Por eso, reconociendo que hay mucho que avanzar en este aspecto comenta que no debe destruirse todo lo que está funcionando actualmente aunque reconoce que el Partido Popular está abierto a todas aquellas ideas e iniciativas que favorezcan a la integración de las personas con discapacidad.
Desde FI-USO, aprobamos todas aquellas medidas encaminadas a generar empleo y a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y más aún cuando se está hablando de un colectivo más vulnerable. Que se aumente el 2% del cupo y que la Inspección de Trabajo pueda tener más recursos y competencias para encontrar a las empresas que no lo cumplen.
