Desde la Federación de Industria de la Unión Sindical Obrera (FI-USO) vemos insuficiente el Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula el Estatuto de los consumidores electrointensivos. Se reconocen las empresas electrointensivas con sus características, pero no el acceso a tarifas eléctricas competitivas a nivel europeo.
Siguiendo con la política de descarbonización de la economía española, este Real Decreto busca el fomento del uso de la energía de origen renovable frente al uso de las energías de origen fósil. Además, trata de reconocer y regular la industria electrointensiva buscando su acceso a una energía eléctrica limpia, renovable, barata y que permita la sostenibilidad del sistema a medio plazo. Así como la reconversión de otras industrias que actualmente consumen combustibles de origen fósil hacia su electrointensividad.
Sin embargo, aunque el Estatuto de los consumidores electrointensivos recogido en este Real Decreto recoge mecanismos de abaratamiento de la energía eléctrica de origen renovable y de encarecimiento de la energía procedente del uso de combustibles fósiles, el sistema propuesto hace dudar que se produzca un abaratamiento real de la energía eléctrica.
La reducción de la tarifa eléctrica y la eliminación de las primas a las energías renovables propuestas, pueden provocar un incremento a corto plazo de los costes reales de producción eléctrica, con el consiguiente incremento del déficit tarifario y de la tarifa. El incremento del coste del combustible fósil puede provocar un aumento directo de los costes de producción de las industrias que utilizan energía de origen fósil. Y ambas, de forma simultánea, pueden provocar un retroceso real del proceso de electrificación del sistema industrial, de la descarbonización de la energía y de la transformación de la producción energética hacia energías de origen renovable.
Desde FI-USO desconfiamos del Estatuto propuesto que trata de regular a los consumidores electrointensivos mediante en un sistema de compensación y de análisis de los costes de producción muy alejado de la realidad tanto para los grandes consumidores (en particular la industria hiperelectrointensiva), como para los productores de energía eléctrica (fundamentalmente de origen renovable).
Se trata de un Real Decreto insuficiente para el sector de la industria electrointensiva actual, que no permitirá la reconversión de otros sectores energéticos hacia la electrointensividad, que no garantiza una reducción del precio real de la tarifa eléctrica actual y futura, tanto para el gran consumidor como para el productor de energía eléctrica; y que puede dificultar la sostenibilidad del sistema eléctrico al repercutir parte de los supuestos ahorros en la eliminación de primas a la producción de energía eléctrica de origen renovable buscando el abaratamiento de la tarifa eléctrica de los grandes consumidores electrointensivos, al desincentivar las instalaciones renovables.
En resumen, se trata de un Estatuto del que, desde FI-USO, se pone en duda que se consiga una reducción real de los costes de producción de las industrias electrointensivas de nuestro país, y que favorezca el alcanzar la competitividad económica de nuestros productos industriales respecto a los de otros competidores a nivel europeo. Requerirá de actuaciones firmes por parte de los agentes sociales que permitan su modificación y adecuación a los objetivos de competitividad y del mantenimiento de unos empleos cualificados y de calidad de nuestro sector industrial.
