Desde este lunes están disponibles en el BOE las bases de la próxima subasta de interrumpibilidad, para el segundo semestre del 2019.
La diferencia respecto a las anteriores subastas se encuentra en el precio del megavatio, que ha disminuido significativamente, así como el número de bloques que han salido a subasta.
Si bien en años anteriores el precio era de 150.000€/MW en el caso de los bloques de 5MW y 200.000€/MW para los bloques de 40 MW, estos costes han menguado 25.000€/MW y 50.000€/MW, respectivamente.
Además, se reducen también el número de bloques de 40 MW de los 21 del primer semestre a los 16 que salen ahora a concurso.
El montante final de compensación se verá reducido de los 275 millones de euros del 2018 a los 200 millones del 2019. Esto no hace más que disminuir la competitividad de la industria intensiva española, que ve decrecer sus ingresos en esta partida progresivamente: un 30% en el último año de media en el sector.
Para Raúl Montoya, Secretario de Acción Sindical de FI-USO “Esta nueva subasta se produce en un contexto de gran incertidumbre para la industria electrointensiva de este país, que no solo ve como se aplaza el compromiso político de crear un Estatuto propio, sino que además el gobierno saca las nuevas bases de compensación que incurren nuevamente en los errores del pasado y perjudican gravemente al sector”
No solo la aluminera Alcoa y sus posibles inversores salen perjudicados de esta situación, sino que el conjunto del sector ve con recelo como se mantiene un sistema perverso. Ferroatlántica, Acerinox, Arcelor, Grupo Celsa…son algunas de las empresas a las que el Gobierno impide competir en igualdad de condiciones respecto a los países de nuestro entorno.
“Es una mala noticia, porque mientras no contemos con sistemas de compensación más estables en el tiempo, se limiten los costes energéticos en nuestro país, y éstos no estén regulados en un estatuto para la industria electrointensiva, la empresas no gozarán de la estabilidad necesaria para acometer inversiones, y proporcionar seguridad jurídica y garantía de empleo para sus plantillas”, subrayó Montoya.
