USO industria advierte del impacto de la prohibición de los motores de combustión en 2035 y reclama flexibilidad tecnológica.

Con la normativa actual, a partir de 2035, la Unión Europea prohibirá la venta de coches nuevos con motor de combustión (gasolina, diésel e híbridos), lo que obligará a los fabricantes a vender vehículos con cero emisiones, principalmente eléctricos.

Aunque se podrá seguir circulando con estos vehículos, las autoridades locales podrán restringir su uso en zonas específicas, y no se podrán matricular nuevos coches de combustión.

Pero tras las presiones recibidas por parte de las patronales y las organizaciones sindicales europeas, entre las que se encuentra USO industria, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado que Bruselas adelantará la revisión de los objetivos de emisiones de CO2 para coches y furgonetas, prevista inicialmente para 2026, y la realizará antes de que finalice 2025, y poder llevar a cabo una revisión urgente ante las dificultades para cumplir con la prohibición total de vehículos de combustión fijada para 2035.

Sin embargo, entre los países miembros hay divisiones de opiniones, mientras los gobiernos de España y Francia apoyan la prohibición de los motores de combustión a partir de 2035, en línea con el acuerdo de la Unión Europea; Italia y Alemania, se oponen a esta medida y han pedido suspenderla y buscar suavizar la prohibición, argumentando la imposibilidad técnica y buscando flexibilidad para otras tecnologías como los combustibles sintéticos.

El debate llega en un contexto de crisis profunda en el sector automovilístico alemán, con los beneficios en caída libre, supresiones de puestos y cierres de plantas de producción. Sin ir más lejos Volkswagen prevé despedir a unos 35.000 empleados, Audi cerca de 7.500 y Porsche alrededor de 1.900.

Las firmas de componentes no se libran: ZF Friedrichshafen, uno de los principales fabricantes de transmisiones, acaba de anunciar 14.000 despidos hasta 2028. A finales de septiembre, Bosch hizo lo propio: finalmente prescindirá de unos 18.500 trabajadores de sus divisiones de movilidad y tecnología de conducción activa. Continental despedirá a más de 10.000 empleados.

Esta situación se reproduce igualmente en España y en el resto de Europa. El sector de automoción en España es un pilar estratégico de la economía, siendo el segundo mayor productor de vehículos en Europa. Representa aproximadamente el 10% del PIB y más del 18% de las exportaciones totales y emplea en la actualidad a más de 567.000 personas en nuestro país, que se podrían ver perjudicadas por una situación impredecible.

Por ese motivo, desde USO industria exigimos al gobierno responsabilidad y altura de miras con el sector y con las personas trabajadoras y reafirme su compromiso con la defensa de un proceso de transición justo y no deje a nadie atrás, e impida la brecha social de movilidad y facilite la cohesión territorial.

La UE ahora mismo tiene precisamente sobre la mesa la petición formal de los fabricantes europeos para retrasar, o incluso desechar, la prohibición de 2035. A finales de agosto, la patronal automovilística ACEA solicitó al gobierno comunitario que revisara los objetivos porque «en el mundo actual, simplemente ya no es factible». Mantenerlos se traducirá en el colapso de la industria.

Desde USO industria, consideramos que “el Estado no debe imponer de forma unilateral qué tecnologías deben adoptarse o abandonarse en un momento determinado”, advirtiendo que “imponer esta medida supondrá el declive de la industria automotriz española y europea”.

USO industria defiende que la transición hacia la movilidad sostenible debe realizarse de manera planificada, gradual y tecnológicamente abierta, para garantizar la viabilidad industrial y el mantenimiento del empleo. Para USO industria, el mensaje es claro: No al veto de los motores de combustión. Sí a la flexibilidad tecnológica y a la defensa industrial.