El período de consultas del expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo finalizó sin acuerdo alguno y los 16 trabajadores de la fábrica de piensos de la Cooperativa Agropecuaria del Norte de A Coruña (Copagro), con sede en Meirás (Valdoviño), que han sido despedidos, estudian recurrir a los tribunales. «Lo único que nos propusieron es lo que dice la ley, que cobren del Fogasa [Fondo de Garantía Salarial] una indemnización de 20 días por un máximo de 12 mensualidades», indica Francisco Cousillas, responsable de la Federación de Industria de USO.
La representación sindical comprende que «la empresa puede estar mal», pero sostiene que «las cooperativas de base [Meirás, Vilaboa y Lago] están muy bien, y aunque ellos [los responsables de Copagro] niegan la relación, el consejo de administración está compuesto por personas de las tres». «Les dijimos que si no hay negociación y creemos que puede haber alternativa, vamos a presentar un conflicto colectivo», avanza Cousillas.
La parte social plantearía una demanda por un supuesto delito de insolvencia punible -se da cuando alguien que se encuentra en situación de insolvencia, oculta o realiza actos que perjudican los intereses de los acreedores-, porque entiende «que una empresa no se queda sin ninguna capacidad y una deuda impresionante de un día para otro».
«Los trabajadores pueden reclamar en los tribunales lo que estimen conveniente para defender sus derechos, pero Copagro es una empresa que no tiene dinero […]. La deuda es muy elevadas, con bancos y proveedores, y no viene de ahora; en las cuentas auditadas se ve, en 2016 las pérdidas fueron de 13.500 euros; en 2017, de 123.000; en 2018, de 200.000; y cada mes de este año 2019 se estaban perdiendo 20.000 euros. Y se pagó a los trabajadores hasta el mes de abril», argumenta Vicente Dopico, miembro del consejo de Copagro desde 2016 -cuando, asegura, la deuda con los proveedores superaba el millón de euros- y gerente de la cooperativa de Meirás.
El representante de la sociedad insiste en que estaba obligada, por ley, «a ir a un concurso voluntario de acreedores; no ha sido un capricho ni una gestión inadecuada». Incide en la inviabilidad de la empresa: «El 35 % de la facturación se hacía a grandes clientes y otro 22 % a empresas que a su vez vendían, con un margen de intermediación ridículo, que no daba. En la comarca han cerrado otras fábricas del sector, solo van a triunfar las cooperativas grandes, con capacidad para competir. Hemos estado en un mercado sustentado, muchas veces, por la confianza en las cooperativas de base».
Dopico sitúa el origen de la deuda bancaria en 2010 y cree que para producir 19.000 toneladas al año, «en una cooperativa moderna bastaría con seis u ocho trabajadores, no podía haber 16, era excesivo». Las cooperativas de base aportaron 1,4 millones de euros (un millón la de Meirás y 400.000 la de Vilaboa) «y no quisieron poner más dinero, ni para comprar materia prima, ni para pagar a la plantilla ni para indemnizarla», abunda. Y quiere dejar claro que, en Copagro, desde su fundación, «siempre hubo un gerente, un contable, asesores fiscales y auditores».
Los 16 operarios de la fábrica de piensos tendrán que ser indemnizados por el Fogasa.
