USO demanda en la Audiencia Nacional que las prejubilaciones del carbón se extiendan a 1.500 mineros de contratas. «Es una discriminación total. No tenemos derechos», claman en León.
Estos tres hombres no son los que uno espera encontrar trabajando en una mina de carbón. Peinan canas y desafían el tópico de que los mineros se prejubilan con media vida por delante. Senén Fernández, de 59 años, Juan Casillas, de 58, e Indalecio González, de 56, siguen al pide del cañón. Estamos en la mina a cielo abierto de Santa Lucía de Gordón, en León, un agujero descomunal en la montaña que la empresa Peal empezó a horadar en 1976. Juan Casillas llegó solo un año después y lleva 39 trabajando en la mina. «Cuando empezamos esto era todo montaña y ahora mira que agujerito hemos hecho», bromea. Corre un aire que recuerda que el invierno se acerca.
Senén, Juan e Indalecio no tienen acceso a las tempranas prejubilaciones de otros mineros. Ellos son mineros de segunda. Siempre trabajaron para empresas contratadas, no para las titulares de las ayudas, y por lo tanto no tenían acceso a las ventajas públicas del plan del carbón. La empresa que les emplea, Peal, explota este cielo abierto bajo un contrato para la Hullera Vasco Leonesa. Y es esta empresa la que figura en el plan del carbón. Así que los mineros de la Hullera sí se han podido ir prejubilando mientras que los de Peal no pillaban nada (sí una reducción de la edad de jubilación por cotizar en el régimen de la minería, pero menor que la de sus compañeros). Indalecio, maquinista, resume la situación: «Es una discriminación total. Llevo 36 años cotizados en minería, ¿no tengo derecho ya a prejubilarme?».
Senén conduce los enormes camiones que sacan el carbón mezclado con la tierra de las entrañas de la montaña. Ahora hace buen tiempo y puede parecer un trabajo fácil subir por los caminos de tierra. “En invierno con hielo bajamos patinando. Sabemos cómo hacerlo pero si alguien entra por primera vez se muere”. Con ellos está José Luis Villanueva, de 43 años, que lleva 20 en Peal y es del comité de empresa en representación de la Unión Sindical Obrera (USO). Cuando se ponen a charlar rápidamente acaban en anécdotas pavorosas: cuando un camión se quedó colgando de ese camino y hubo que llamar una máquina para bajarlo y estuvo horas ahí o cuando un dumper volcó hacia atrás y se puso mirando al cielo, con el conductor atemorizado en la cabina. En invierno y con temperaturas que llegan a 17 bajo cero el trabajo en la montaña leonesa es muy duro. A unos metros de allí, en el pozo de interior de la Hullera fallecieron seis mineros en un escape de grisú en 2013.
Sus anécdotas y sus vidas son de mineros. Pero no sus condiciones. Que trabajen para Peal y no para una empresa histórica del carbón como la Hullera Vasco Leonesa puede parecer una minucia para un observador alejado, pero lo cambia todo. La Hullera pertenece a las empresas cuyos trabajadores reciben ayudas del plan del carbón, firmado en 2013 entre el Ministerio de Industria, la patronal y los sindicatos. Peal en cambio no está.
El plan sí reconoce que hay 1.487 trabajadores de contratas y subcontratas, pero estos no pueden acogerse a las prejubilaciones y otras ventajas que sí valen para los otros 3.407 recogidos en el plan. En Peal hay 150 trabajadores excluídos en la mina de Santa Lucía. Ahora solo hay un puñado trabajando, preparan el terreno por si la central térmica vuelve finalmente a comprar carbón y arrancan de nuevo la extracción.
Marco Antonio Martínez, secretario de USO en Castilla y León, describe gráficamente lo ocurrió en ese plan, pactado entre el Ministerio de Industria, la patronal y los sindicatos: «A la minería privada de Hunosa se le dio hasta aquí [y eleva una mano], a la minería privada aquí [y dibuja un escalón imaginario más abajo], y las contratas ahí [y señala al suelo]. Coño, es que es de justicia que por el mismo trabajo se tengan las mismas ayudas sociales». Marco Antonio, un roble de 123 kilos, nariz de boxeador, exluchador de full contact y de lucha leonesa, fue picador en la Hullera y conoce la mina. «Ahora mis manos parecen de un oficinista pero antes estaban deformadas. No sé lo que tiene, no sé si es el polvo, el peligro o qué, pero después de horas picando cuando sales si bebes fanta te bebes una caja, si bebes coca cola te bebes una docena y si bebes vino te bebes la tinaja», charla mientras conduce por León. A un lado deja la entrada del túnel de Pajares, donde el Estado lleva enterrados 3.000 millones y sigue sin fecha de apertura.
Estos mineros de contratas han vivido con resignación su situación. Veían cómo se prejubilaban otros compañeros y ellos tenían que seguir -tampoco es el único sector con dobles condiciones de trabajo-. La mayoría señala como culpables a los sindicatos UGT y CCOO, a los que acusan de no haber peleado por ellos, de haberse centrado en defender a los «mineros titulares». Cuentan situaciones precarias, después de EREs y ERTEs en los que muchos tienen el paro agotado. «Estuve pidiendo la ayuda social de 400 euros porque ya no me quedaba paro», relata Indalecio. Sienten que ahora sí el tiempo de la minería se agota. En los 80 había unos 50.000 mineros de carbón en España y ahora quedan 3.300. En ese tiempo, la producción se ha reducido de 36 millones de toneladas a 4.
En un despacho de Madrid, a casi 400 kilómetros de Santa Lucía, el responsable de USO José Vía Iglesias coincide en el análisis: «Cuando entramos en el plan del carbón intentamos meter a los mineros de las contratas porque se estaba vulnerando el derecho de igualdad, pero CCOO, UGT, la patronal Carbunión y el ministerio decían que no se podía porque la decisión de la UE que autorizaba las ayudas lo impedía». «No hablamos de fantasmas, son gente que existe y está cuantificada. Hay 593 mineros de interior que trabajan codo con codo con el picador y que contraen la silicosis igual. Solo en Peal hay 72 en condiciones de prejubilarse», añade Vía. Hay casos peores: hay empresarios mineros que han creado sus propias subcontratas, así que dejan fuera a algunos mineros trabajando incluso para el mismo patrón.
«No hablamos de fantasmas. Hay 593 mineros de interior que trabajan codo con codo con el picador y que contraen la silicosis igual y no tienen ayudas»
El sindicato optó en primavera por la vía judicial. No era una decisión sencilla porque si pierden no habrá negociación posible y quedarán fuera para siempre. Es o todo o nada. El 22 de mayo hubo un acto de conciliación al que no acudieron ninguna de las otras partes. «Siento cierta desazón, por decirlo suavemente, de que UGT y CCOO ni acudieran», cuenta Vía. El pasado 28 de septiembre presentaron una demanda en la Audiencia Nacional. El sindicato interpreta que las ayudas son para los trabajadores de las minas adscritas a las empresas de las ayudas, independientemente de si esos grupos en la práctica los explota una segunda empresa contratada. Sostiene que ahora mismo se vulnera el principio de igualdad de la Constitución.
De prosperar -no es descabellado con los precedentes-, podrían prejubilarse a los 54 años, tener bajas incentivadas de un mínimo de 10.000 euros más una indemnización de 35 días por año trabajado (hasta un máximo de dos años y medio de salario) y volverían a tener dos años de derecho a paro. ¿Cuánto costaría esto? Vía alza las cejas. Admite que no ha querido ni calcularlo. Pero hay una forma de intentar aproximarse. Cita que el coste medio para el Estado de prejubilar a un minero a los 54 años es de 250.000 euros y aquí entrarían entre 450 y 500. Solo por este concepto la cifra rondaría los 120 millones. A eso habría que sumar las demás ayudas. «Es que es un tema de justicia. No puede haber ayudas para uno y no para otros», expone.
España se queda sin mineros: el fin de una leyenda
Vía Iglesias tiene subrayada la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que equipara las indemnizaciones a los interinos y a los trabajadores fijos.»Es que es el mismo caso. Si quitas donde pone interinos y pones trabajadores de contratas vale igual. Nos ha caído del cielo», y señala el párrafo en el que según él encaja este caso. Indalecio, uno de los mineros, explica que no ha leído nada sobre la sentencia y que no se ve capaz de comentarla.
Emiliano Prieto, de 57 años, pelo blanco y gafas de sol, uno de los encargados de la mina, duda de que ahora vaya a cambiar su suerte. «No sé yo, no sé yo», se encoge con las manos en los bolsillos. En la zona se ha instalado la fatalidad. Santa Lucía llegó a tener unos 3.000 habitantes ahora solo quedan 500. Según Industria, el sector del carbón ha recibido más de 22.000 millones de euros desde 1992, la mayoría a empresas mineras y a prejubilaciones, pero no han creado un tejido económico alternativo. «La gente se va o se muere. Esto es peor que Andalucía. Lo único que hay es la mina», describe Marco Antonio. Quizá por eso Juan Casillas y sus compañeros quieren creer que esta vez sí, que la justicia les puede echar un cable. «Si ganamos me voy ya. Y lo celebramos con un cordero a la leña. Y traemos vino y a las familias». Y parece que ya se imaginan el convite.
