Los sindicatos exigimos que se cumpla la sentencia de la Audiencia Nacional contra Alcoa

La pasada semana, la Audiencia Nacional condenó a Alcoa a cumplir las condiciones sobre extinción de contratos que se produzcan y de recolocación externa en los términos que se fijaron en los acuerdos alcanzados el 15 de enero de 2019 en las plantas de Avilés y A Coruña, con el que culminó el periodo de consultas iniciado como consecuencia de la decisión empresarial de efectuar en esos dos centros de trabajo un despido colectivo.

Dado que la venta fue ficticia y que el Grupo Alcoa sigue siendo «en realidad» el empleador, será a la multinacional a quien exijan, a través de la Audiencia, que cumpla la sentencia, «aunque todavía no sea firme».

A tal efecto se ha solicitado al tribunal que aclare la fecha de cálculo de las garantías, y que los representantes de los trabajadores fijamos en el 31 de julio de 2019, fecha en la que se materializó la venta de las instalaciones.

En este sentido, solicitamos que a los empleados que en aquel entonces tenían menos de 53 años, se les haga entrega o garantía de la cantidad indemnizatoria pactada, y que para los mayores de esa edad «se ponga inmediatamente en marcha el plan de rentas previsto, con la aportación de fondos necesarios».

Además, es necesario rescatar también a los trabajadores que, por culpa de la situación, tuvieron que irse a buscar otro empleo con más futuro y de respaldar a los empleados de las fundiciones, quienes resultaron igualmente engañados por Alcoa, y quienes han sufrido las mismas consecuencias que los demás

Si la situación no se soluciona para ellos, se instarán las acciones judiciales para que se activen igualmente las garantías en los mismos términos y condiciones que los trabajadores y trabajadoras de electrolisis, porque en realidad la transmisión de la empresa fue fraudulenta para unos y para otros, y por lo tanto la venta carece de eficacia para eludir la responsabilidad del Grupo Alcoa también con estos trabajadores.

Ante la inacción del Ministerio de Industria, la Xunta de Galicia y el Principado de Asturias, no vamos a cejar en la defensa de los trabajadores, promoviendo las movilizaciones necesarias y demandando la convocatoria de las mesas de negociación paralizadas para garantizar una solución de futuro.

Asimismo, reclamamos a las Administraciones la puesta en marcha de los mecanismos, que en su caso sean necesarios, para «una intervención pública que permita la búsqueda de un plan industrial que garantice todo el empleo y la plena puesta en actividad de las plantas».