A pesar de mantener el estado de alarma, el Gobierno ha decretado la vuelta al trabajo de los sectores no esenciales a partir de lunes 13 de abril, o el martes 14 en aquellas Comunidades Autónomas donde el lunes sea festivo.
Para la Federación de Industria de USO este anuncio es precipitado y no responde sino a presiones empresariales y patronales, dejando en segundo plano la Seguridad y la Salud de la clase trabajadora.
Esta nueva medida del Gobierno supone un serio riesgo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, no solo porque tendrán que incorporarse a sus puestos de trabajo en una situación de incertidumbre respecto a los protocolos de actuación en materia de prevención que las empresas deben cumplir escrupulosamente, sino porque volveremos a agolparnos en las infraestructuras y transportes para poder acceder a nuestras empresas y centros de trabajo.
Para Raúl Montoya, Secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO “creemos que no es el momento ni oportuno, ni adecuado. Acelerar la recuperación de la actividad productiva puede dar al traste con todos los esfuerzos realizados hasta el momento”, y añadió: “es incongruente prorrogar el estado de alarma y de confinamiento ciudadano, mientras millones de trabajadores y trabajadoras deben desplazarse e incorporarse a su puesto de trabajo”.
Uno de los grandes problemas de esta decisión es que en España no se han hecho test de detección entre la población, por lo que numerosos infectados asintomáticos pueden mezclarse con otros trabajadores y trabajadoras que no lo están en los medios de transporte y en el propio centro de trabajo, aunque se cumplan a rajatabla las recomendaciones emanadas del Gobierno en el ámbito laboral
“Una vez agotados los ERTE por causa de fuerza mayor, y los permisos retribuidos recuperables, el Gobierno sigue el dictado de las patronales poniendo en riesgo un nuevo brote de la pandemia y, por tanto, un fracaso de los sacrificios llevados a cabo hasta la fecha”. Aseguró Montoya.
Desde FI-USO, a pesar de ver precipitada la vuelta al trabajo de los sectores no esenciales,
exigimos a las empresas que cumplan con todos los protocolos de prevención y adopten cuantas medidas sean necesarias para preservar la seguridad y la salud de la clase trabajadora y evitar de este modo un nuevo brote del COVID-19.
Además, hacemos un llamamiento a todos los Representantes Legales de los Trabajadores para velar por la seguridad de sus plantillas y denunciar ante la Inspección de Trabajo y la jurisdicción competente aquellas actuaciones que consideren nocivas, peligrosas o incumplan las medidas aconsejadas para el normal desarrollo de cualquier actividad profesional, bajo una premisa fundamental: NINGÚN CENTRO DE TRABAJO QUE NO PUEDA GARANTIZAR LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PUEDE RETOMAR LA ACTIVIDAD
