Tras varios días de intensa negociación, en el día de hoy se ha conseguido consensuar un acta de finalización del proceso entre Alcoa y la Representación Sindical de la Comisión de Seguimiento del procedimiento de despido colectivo acordado el pasado 15 de enero.
En esta acta, aceptamos que Alcoa posponga la ejecución del ERE a 1 de agosto de 2019, tiempo que permitirá a Parter ofrecer las garantías financieras suficientes para hacerse cargo de las dos plantas de Alcoa situadas en Avilés y A Coruña, antes de próximo 31 de julio.
De ser confirmadas estas garantías, Alcoa confirmará el 1 de Agosto tanto a la Comisión Representativa de los Trabajadores, como a la Comisión de Seguimiento de la Actividad Industrial de Avilés y A Coruña, formada por el Ministerio de Industria, el Principado de Asturias y la Xunta de Galicia, la venta de las sociedades, y por tanto se evitará la ejecución de las medidas contenidas en el Plan Social acordado el pasado 15 de enero.
De cumplir con los requisitos, Parter se compromete a mantener el empleo y sus condiciones actuales de todos los trabajadores y la actividad en las plantas durante al menos dos años, aunque según sus declaraciones, su intención va más allá y pretenden venir a España para quedarse.
También se consigue eludir de toda responsabilidad a los trabajadores y trabajadoras, puesto que en el acta se recoge que durante toda esta negociación Alcoa ha actuado de manera unilateral, por tanto, los representantes de los trabajadores solamente han sido informados de los pasos dados durante todo el proceso.
Para Raúl Montoya, Secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de USO “lo fundamental y lo deseable es que Parter pueda ofrecer las garantías suficientes que permitan la estabilidad a los más de 600 trabajadores de las plantas de Avilés y A Coruña, el 31 de julio saldremos de dudas” para concluir “debemos valorar el comportamiento ejemplar de los representantes sindicales en general y de la Sección Sindical de la USO en particular, han actuado con la responsabilidad que requieren estos procesos, con el único objetivo de proporcionar estabilidad y seguridad jurídica a los trabajadores y trabajadoras”.